No sólo la de Astrazeneca, también la de Pfizer. Una sentencia del juzgado de lo social nº 3 de Burgos acaba de dar la razón a una profesora de primaria de Miranda de Ebro que consideró que las secuelas que le produjo la doble dosis de vacuna contra la covid son un accidente de trabajo y no enfermedades comunes.
Es la primera sentencia que en España vincula a la vacuna de Pfizer con accidente de trabajo.
A finales de marzo, el juzgado de lo social 31 de Barcelona dio la razón a un profesor de secundaria que recibió dosis de Astrazeneca.
Si estas resoluciones llegan a ser confirmadas por el Tribunal Supremo tendrán grandes repercusiones económicas, porque las compensaciones de los accidentes de trabajo son mayores que las de las enfermedades comunes.
Ahora, una juez de Burgos da la razón a E., una profesora de inglés que, siguiendo el llamamiento de la Junta de Castilla y León e inducida por un compromiso ético dada su ocupación, se vacunó a finales de marzo de 2021 y que diez días después comienzó a sentir síntomas sensitivos en una pierna que le imposibilitan la conducción, así como fiebre, astenia y dolor en un brazo.
Una profesora de inglés empezó a sufrir síntomas a los diez días de vacunarse: para la justicia es un accidente de trabajo, dado que se vio obligada a hacerlo
A partir de ahí tuvo episodios irregulares con los mismos síntomas, así como alteraciones dermatológicas y orina de color oscuro.
En un informe médico de mayo de 2023 se detalla que E. ha sido sometida a pruebas de neurología, como TAC craneal y de arterias cerebrales, resonancias magnéticas, y se le hacen pruebas para descartar lupus, porfiria, virus de Epstein Barr y de la enfermedad de Lyme. También la analizan los servicios psiquiátricos. Al menos diez veces acude a neurología.
La sentencia recoge cómo “los efectos adversos más frecuentes de la Vacuna AstraZeneca fueron sensibilidad en el lugar de inyección (63,7%), dolor en el lugar de inyección (54,2%), fatiga (53,1%), cefalea (52,6%), mialgias (44%), artralgias (26,4%), escalofríos (31,9%), nauseas (21,9%), fiebre (7,9%) siendo mayoritariamente de intensidad leve o moderada y desapareciendo unos días tras la vacunación. Estas reacciones son más leves y menos frecuentes tras la segunda dosis. Las personas de mayor edad presentaron menor frecuencia de reacciones adversas y de intensidad leve. Existe un riesgo muy infrecuente de trombosis con trobocitopenia, sobre todo en personas menores de 60 años y mujeres”.
La profesora –a quien defendió el abogado Francesc Feliu, del Espacio Jurídico Feliu Fins- recibió un segundo aviso del gobierno autonómico en junio de 2021, y se vacunó el 25 de agosto de 2021, en este caso con Pfizer FG4686.
La sentencia también recoge los posibles efectos adversos descritos, “más frecuentes tras la segunda dosis”, como dolor e hinchazón, cansancio, dolor de cabeza, diarrea, dolor en las articulaciones y en los músculos, escalofríos y fiebre. Los dolores musculares se incrementaron un 40%, el malestar general un 37%, el dolor de cabeza un 32%, la fatiga un 27%, los escalofríos un 26%, los dolores articulares 24%, la sensación febril otro 24% y la fiebre un 6%.
“Las reacciones adversas fueron mayoritariamente leves o moderadas, aunque también se vio que las reacciones adversas graves eran más frecuentes en quienes recibieron la pauta mixta” entre dos vacunas, recoge la resolución judicial.
Un informe médico aportado por la demandante describe los síntomas de E. como de Long COVID VAX 2º “debido a efectos adversos secundarios a administración de la dosis de vacuna”. “Los síntomas –dice el informe- surgieron tras la vacunación, careciendo de antecedentes médicos de interés”. La magistrada de Burgos da plena credibilidad a este informe.
Aunque la junta de Castilla y León consideró que no existía obligatoriedad en la vacunación, sino recomendación, la sentencia alega que E. tenía la condición de trabajadora esencial y fue convocada por su contratador (la administración pública) a vacunarse como parte de su obligación laboral. Así lo acreditaron los correos electrónicos enviados por sus superiores. “Concurría una exigencia ética y legal de proteger el derecho a la salud y a la educación de los niños y adolescentes”, recoge el auto, y se trataba “de una obligación ética, moral, profesional y legal de los servicios públicos”, dentro de un “deber colectivo y profesional, poco margen había a la posibilidad de considerarlo como un acto voluntario en un clima de pandemia sin precedentes”. Uno de los supuestos para obligar a un trabajador a ciertas acciones (como la de vacunarse) son los que tienen consideración de “salvamento”, como fue el caso de la lucha contra la covid.
