Los obispos italianos lo han dicho claramente: “Estamos decepcionados con el Gobierno”. El motivo de la polémica es la redistribución de los fondos del ocho por mil, el mecanismo por el cual los italianos pueden asignar un 0,8% de su IRPF a una de las confesiones religiosas reconocidas por el Estado (doce en total), siendo la Iglesia católica la principal destinataria, o bien al propio Estado. En ausencia de una elección explícita, el dinero se reparte entre las distintas entidades según el porcentaje de quienes sí marcaron una opción.
Para la Iglesia, se trata de un recurso esencial para su sostenimiento, y una modificación de este sistema ha provocado la dura reacción de Matteo Zuppi, jefe de los obispos italianos, quien expresó “la decepción por la decisión del Gobierno de modificar de forma unilateral los fines y los criterios de asignación del 8 x mil de competencia del Estado. Es una decisión –añadió Zuppi– que contradice el carácter pactado del propio acuerdo, que altera objetivamente su lógica y funcionamiento, creando una desigualdad que perjudica tanto a la Iglesia católica como a las demás confesiones religiosas firmantes de convenios con el Estado”.
Cada vez menos italianos marcan la casilla de la Iglesia católica en la declaración de la renta
Hasta ahora, quienes asignaban el ocho por mil al Estado podían elegir entre cinco tipos de intervención pública: lucha contra el hambre en el mundo, intervención en catástrofes naturales, asistencia a refugiados, conservación del patrimonio cultural y rehabilitación de edificios escolares. El Gobierno de Giorgia Meloni ha añadido una sexta opción: la rehabilitación por toxicomanías y otras adicciones patológicas. Para la Iglesia, se trata de una competencia desleal que corre el riesgo de restarle fondos fundamentales, justo en un momento en el que las firmas a favor de la Iglesia vienen disminuyendo: de 15,6 millones en 2010 a 11,3 millones en 2022.
Zuppi no es una figura menor: es arzobispo de Bolonia, personaje destacado de la Comunidad de San Egidio, y fue considerado uno de los “papables” en el último cónclave. “Esa fuente de recursos sirve para la lucha contra la pobreza, la educación y muchas emergencias en Italia y en el mundo”, ha dicho. Una manera de declarar: nos interesan los pobres, no el dinero.
El Gobierno italiano intervino, unas horas después, para aclarar que fue un Ejecutivo anterior –el del primer ministro Giuseppe Conte– quien introdujo las cinco primeras opciones, y que la actual mayoría de derechas sólo añadió la relativa a las toxicomanías. La oposición de centroizquierda sospecha, sin embargo, que detrás de esta maniobra hay una represalia por las posiciones adoptadas por la Iglesia italiana contra las leyes migratorias del Gobierno Meloni y por sus críticas a las reformas institucionales, como la elección directa del jefe de Gobierno.
La oposición ve una posible represalia por las posiciones de la Iglesia contra las leyes migratorias
En juego no está solo la casilla: según la ley italiana, la parte del ocho por mil correspondiente a los ciudadanos que no expresan ninguna preferencia –más de la mitad de los contribuyentes– se reparte entre el Estado y las confesiones religiosas en proporción a las firmas expresadas. De las elecciones directas llegan unos 400 millones de euros, una cifra que apenas alcanza para el mantenimiento del clero, mientras que el resto (unos 600 millones) se recauda gracias al mecanismo de redistribución y se destina a los edificios de culto y a las “obras de caridad”. Y es precisamente esta parte, según los obispos, la que hay que defender con más firmeza.