La Audiencia de Barcelona ha elevado a dos años de cárcel la pena impuesta a cuatro estudiantes independentistas por expulsar, entre empujones y gritos de “fascistas”, a miembros del colectivo constitucionalista S'ha acabat! que en 2022 montaron una parada informativa en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona (UPF).
En su sentencia, la sección segunda de la Audiencia de Barcelona estima parcialmente el recurso presentado por S'ha acabat! y eleva a dos años de cárcel la condena de los cuatro estudiantes, condenados inicialmente a 18 meses, lo que podría acarrear su ingreso en prisión, al considerarlos autores de un delito contra el derecho de reunión con empleo de violencia.
Los acusados formaban parte del centenar de personas que el 23 de febrero de 2022 acosaron y acorralaron a un grupo de estudiantes de S'ha acabat! que habían montado una parada informativa para darse a conocer en la feria de asociaciones de la UPF, hasta que finalmente lograron expulsarlos del recinto universitario.
El juez de lo penal que juzgó a los jóvenes independentistas concluyó que los hechos constituían un delito de coacciones, pero la Audiencia de Barcelona entiende que se trata de un delito contra el derecho de reunión, porque “no solamente se intimidó y se asaltó la carpa de la asociación” sino que se “agredió” a los miembros de S'ha Acabat! “hasta acompañarles formando un cordón al exterior del recinto”.
Alerta Solidària considera “peligrosa” la interpretación de la Audiencia de Barcelona
Para la Audiencia, la concentración de estudiantes independentistas no solo “iba dirigida a sabotear la presencia en la feria de los miembros de la asociación S'ha acabat!, sino que ello viene motivado por entender que, aun siendo una asociación legalizada, su ideología justifica acciones hostiles e intimidatorias”.
En ese sentido, recalca la sentencia que para los estudiantes condenados “existía una clara equiparación entre lo español y lo fascista, por la conexión directa de ambos conceptos en sus eslóganes”, y así justificaron su actuación contra una entidad que estaba “perfectamente legitimada” para instalar su parada en el recinto universitario.
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En un comunicado, la plataforma de abogados de la izquierda independentista Alerta Solidària y la entidad La Pública contra el Feixisme consideran “peligrosa” la interpretación de la Audiencia de Barcelona sobre lo sucedido, que enmarca los hechos en un delito castigado con hasta tres años de cárcel, porque a su parecer “supone un nuevo retroceso en los derechos de protesta”.
Según Alerta, la sentencia “obvia que aquel día los de S'ha acabat! eran cuatro, literalmente, y que delante de ellos se plantaron 80 estudiantes”, y “menosprecia” los testimonios aportados por la defensa y las declaraciones de un vicerrector que afirmó que “los españolistas no quisieron acceder a una sala alternativa para hacer sus deplorables apologías del genocidio y del imperialismo español”.