La Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ha remitido un informe a Les Corts en el que alerta sobre las posibles vulneraciones al ordenamiento jurídico que supondrían las enmiendas presentadas por el grupo parlamentario Vox al proyecto de presupuesto de la institución. El documento, elaborado por el letrado secretario general de la AVL y dirigido a la Mesa de Les Corts, analiza en particular dos enmiendas —las 4630 y 4633— que, según la institución, contienen elementos contrarios a la legalidad.
Las mencionadas enmiendas plantean una reducción de 400.000 euros en el capítulo 1 del presupuesto, destinado a gastos de personal, para financiar otras partidas. La enmienda 4630 crea una línea de subvención de 200.000 euros a favor de Lo Rat Penat, una entidad privada, con el objetivo de rehabilitar su sede. Por su parte, la enmienda 4633 establece una partida de 480.000 euros —de los cuales 200.000 provendrían del capítulo 1— para subvencionar a cuatro ayuntamientos valencianos en la organización de jornadas sobre el Reino de Valencia y la cultura valenciana.
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La AVL advierte que este recorte afectaría gravemente los derechos de los funcionarios públicos al servicio de la institución, ya que dejaría sin cobertura económica suficiente el pago de salarios y las cotizaciones a la Seguridad Social. En su informe, la institución subraya que esta situación podría contravenir leyes como el artículo 47.2 de la Ley 4/2021 de Función Pública Valenciana, que exige que los presupuestos reflejen los créditos necesarios para cubrir las relaciones de puestos de trabajo. Además, señala que la falta de provisión para las cuotas sociales podría incluso constituir un delito penal, según el artículo 307.1 del Código Penal.
La AVL advierte que las enmiendas de Vox dejan sin cobertura los salarios de sus trabajadores
Más allá de los aspectos laborales, la AVL considera que las enmiendas vulneran otros preceptos legales. Por ejemplo, la concesión de una subvención a Lo Rat Penat entraría en conflicto con la Ley de Creación de la AVL, que establece que las entidades financiadas con fondos públicos deben observar la normativa lingüística de la institución. Asimismo, la AVL argumenta que financiar actividades ajenas a sus competencias —como la rehabilitación de un edificio privado o la organización de jornadas históricas— desvirtúa su función estatutaria, centrada en la promoción y normalización del valenciano.
El informe también destaca que, de aprobarse estas enmiendas, la AVL vería reducidos sus recursos para gastos corrientes a solo 240.000 euros, lo que pondría en riesgo su autonomía funcional y presupuestaria, garantizada por la ley. “En la práctica, significaría cuestionar la independencia de la institución”, concluye el documento.
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Desde Compromís, la diputada Maria Josep Amigó ha solicitado que Les Corts elabore un informe jurídico para evaluar las cuestiones planteadas por la AVL, ya que considera que las enmiendas de Vox buscan “suprimir de facto las atribuciones de un órgano estatutario”. Sin embargo, según Amigó, los representantes del PP y Vox en la Mesa se negaron incluso a votar dicha petición. “La censura es total”, denunció la parlamentaria, quien adelantó que su formación seguirá exigiendo el análisis legal una vez se distribuya el informe de la AVL a todos los grupos.
Compromís denuncia un “ataque frontal” al valenciano y acusa al PP de plegarse a Vox
Compromís ha calificado las enmiendas como un “ataque frontal” a la AVL y ha acusado a Vox de actuar movido por el “odio hacia el valenciano”, mientras critica al PP de Carlos Mazón por su “sumisión a la extrema derecha”. Amigó sostiene que el objetivo de Vox es “ahogar económicamente” a la institución y privarla de su autonomía, al tiempo que se destinan fondos a entidades que incumplen la normativa lingüística. “¿Alguien puede imaginar que esto se hiciera con la Real Academia Española?”, cuestionó.
Por su parte, el síndic del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que su grupo “siempre cumplirá escrupulosamente la ley” y que, de confirmarse la ilegalidad del recorte, no apoyaría medidas contrarias al ordenamiento jurídico. No obstante, ha evitado pronunciarse de manera definitiva, indicando que los letrados de la cámara estudiarán el informe de la AVL.
El PP evita posicionarse y asegura que “cumplirá la ley”
El conflicto refleja la tensión en torno a las políticas lingüísticas en la Comunitat Valenciana y la instrumentalización de los presupuestos para debilitar instituciones clave en la defensa del valenciano. Mientras la AVL alerta sobre riesgos legales y recortes encubiertos, la alianza entre PP y Vox sigue generando controversia en un escenario donde la lengua se ha convertido, una vez más, en campo de batalla político.