La llegada de la competencia de prisiones a Euskadi fue uno de los traspasos estrella de la pasada legislatura, una demanda histórica del Gobierno vasco muy celebrada a nivel político. El cambio de manos se firmó en mayo de 2021 y el Ejecutivo vasco lo empezó a gestionar cinco meses después. Tres años y medio más tarde, sin embargo, la gestión de Prisiones en el País Vasco viene siendo noticia por cuestiones de cariz laboral, con una fuga de funcionarios muy llamativa en los últimos meses.
Este mes de marzo, 86 funcionarios que operaban hasta ahora en las cárceles vascas han dejado sus puestos de trabajo y han puesto rumbo a otros centros penitenciarios, fruto del último concurso de traslados. En tres meses lo harán siete más. En total, 93 de una plantilla de más de 700. Y la pregunta es obvia: ¿qué ocurre en las prisiones vascas para que se haya llegado a este punto?
Los traslados a otras comunidades
Desde el Gobierno vasco señalan que el número de traslados es similar al que se produjo en el anterior concurso de traslados, antes de que el Ejecutivo vasco asumiese la competencia.
Fuentes del Departamento de Justicia y Derechos Humanos- cartera gestionada por el PSE dentro del Gobierno de coalición con el PNV- explican que en los últimos años se ha producido una equiparación de las condiciones de trabajo de estos funcionarios con las del resto de comunidades que ha hecho que Euskadi deje de ser un destino tan atractivo. “Las condiciones se han ido igualando, en la medida en que las circunstancias que vivían por la amenaza de ETA han cambiado. Determinadas ventajas con las que contaban en Euskadi se han ido eliminando”, señalan.
Hay que tener en cuenta, según indican, que como consecuencia de la amenaza de ETA, una parte importante de los funcionarios había llegado desde otras comunidades, de manera que paulatinamente, en la medida en que las condiciones se asimilan con las de otros centros penitenciarios, muchos de estos trabajadores han optado por acercarse a sus familias. “La mayor parte lo que están haciendo es regresar a sus lugares de origen, una vez que han conseguido los puntos necesarios”, indican las mismas fuentes.
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Desde el sindicato ACAIP-UGT, reconocen esta tendencia, aunque subrayan sobre todo la existencia de otros factores que han hecho que la situación sea “insostenible”.
“Es cierto que la mayoría de los funcionarios eran de otras comunidades y en muchos casos están regresando. Existían unas condiciones un poco diferenciadas en relación con el resto del Estado, por las circunstancias que vivíamos, y se han ido eliminando. En paralelo, a raíz del último acuerdo firmado a nivel nacional, que ha conllevado algunas mejoras, algunos trabajadores han visto unas condiciones que les han resultado atractivas para volver. En todo caso, si las condiciones aquí, en el País Vasco, fueran buenas se habrían quedado. Y el problema es que no lo son”, señala Juan Carlos Díaz, responsable de ACAIP-UGT en Euskadi.
En este sentido, desde este sindicato, el primero entre los funcionarios de prisiones en el País Vasco, cuestionan la gestión de esta competencia: “Cuando el Gobierno vasco decidió asumir la transferencia se pensó en clave política, pero no se hizo con una previsión de lo que podía suponer gestionar más de 750 trabajadores y una población interna por encima del millar. La Administración está siendo muy lenta y la situación se está volviendo insostenible”.
Díaz denuncia que los funcionarios de prisiones se están viendo desbordados por el aumento de la población reclusa y “la sobrecarga de trabajo” en un contexto en el que no acaban de ver soluciones efectivas.
“Teníamos una dotación de personal deficiente, que es cierto que venía heredada de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y había una relación importante de puestos sin cubrir. El Gobierno vasco hizo un esfuerzo por responder a las necesidades, pero ha ocurrido que la llegada de reclusos ha seguido incrementándose y a eso se ha sumado el problema de los traslados”, añade.
Más presos y más conflictivos
Desde este sindicato reconocen que el Gobierno vasco se ha implicado en tratar de encontrar una solución, abriendo bolsas de trabajo y llegando a diferentes acuerdos; sin embargo, “no terminan de llegar soluciones efectivas y la situación es insostenible”.
“Ha habido un incremento brutal del número de internos y, además, son más conflictivos. Tenemos un problema muy serio, no ya de sobreocupación, sino de hacinamiento. Con tres prisiones no podemos dar respuesta al flujo de delincuencia que existe y que, además, es más complejo que antes, con un porcentaje elevado de internos procedentes del Magreb, que tienen otra cultura y otra forma de ver las cosas. Tenemos un espectro difícil de conciliar y que se está convirtiendo en una bomba de relojería”.
Desde el Ejecutivo vasco, mientras, subrayan el esfuerzo realizado para responder a la problemática, con la apertura de bolsas de trabajo (en la primera se llegaron a apuntar 800 personas) y la próxima convocatoria de una OPE que se podría resolver el próximo año.
El director de Servicios Penitenciarios del Gobierno vasco, Pablo María Martínez, ha señalado recientemente que “la herencia era floja y que había un déficit de personal", algo que esperan paliar en el corto plazo. “Nos hace flaco favor transmitir una imagen tremendista de la situación. No se puede decir que todo está bien, pero tampoco es un horror. Trabajamos para mejorar los medios materiales y personales”, añadió.
Las cifras de las cárceles vascas
En este momento, en la comunidad autónoma de Euskadi hay 1.762 personas privadas de libertad, aunque 518 de ellas se encuentran en tercer grado, en régimen de semilibertad. El 92% de los reclusos son hombres, con apenas 145 mujeres cumpliendo condena.
De ese total de 1.762 reclusos, unos 200 se encuentran en prisión preventiva, mientras que el resto han sido ya condenadas, y 587, el 33,3%, son reclusos de origen extranjero.
Por otro lado, de los alrededor de 120 presos de ETA aún en prisión, 44 se encuentran en la prisión de Zaballa (Álava), 25 en la de Martutene (Gipuzkoa), 12 en la de Basauri y 4 en la de Pamplona, mientras que 28 cumplen condena en sus domicilios y 4 lo hacen en la prisión francesa de Lannemezan.
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Cuando el Gobierno vasco asumió esta competencia, en 2021, el número total de reclusos era 1.388, de manera que se ha producido un aumento de casi 400 reclusos en menos de cuatro años. Una tendencia que, según indican desde ACAIP-UGT, ha terminado de tensionar todo el sistema penitenciario.
